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La asociación Direbús ha vuelto a solicitar la ampliación hasta los 18 años de antigüedad para los vehículos que prestan el transporte escolar en la Península, y equipararse así con los que realizan esos servicios en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. La medida, que no supone ningún coste para las arcas públicas, “podría ser la vía de recuperación de muchas empresas, el sostén que evite parte del inevitable descalabro del sector, una válvula de escape y una bombona de oxígeno”, máxime en la situación actual, según asegura la vicepresidenta de la patronal, Carolina Sánchez.
Como ejemplo del sinsentido, en Direbús ponen como ejemplo dos autocares Scania con carrocería de Noge matriculados en mayo de 2004. Uno de ellos es de la localidad mallorquina de Manacor, donde todavía le quedan dos años de trabajo transportando alumnos, y el otro pertenece a una compañía del área metropolitana de Barcelona, donde se ha tenido que dedicar a otras actividades.
Por supuesto, ambos tienen el mismo motor, butacas, cinturones y han pasado el mismo número de inspecciones técnicas. Pero se da la circunstancia, además, que el vehículo catalán puede acoger a esos mismos escolares si tienen que hacer un desplazamiento con el equipo local de fútbol de su categoría.
Por todo ello, en Direbús se preguntan la razón por la que la reglamentación considera que un vehículo no es seguro aunque en realidad es igual de seguro que el otro, simplemente por prestar el servicio en una autonomía diferente. En el comunicado, Carolina Sánchez recuerda que la Constitución Española dice que “los españoles son iguales ante la ley”.
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