La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús), ha elaborado un informe sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que está trabajando el Gobierno, en el que lamenta que la nueva reglamentación “no aproveche para potenciar el uso de sistemas de transporte más eficientes en los servicios públicos y colectivos de transporte en autobús”.

En opinión de la patronal, se deberían establecer planes y líneas de ayudas coordinados con todas las administraciones públicas, con el objetivo de fomentar la sustitución paulatina del parque actual de vehículos por aquellas tecnologías limpias que, bajo el principio de neutralidad tecnológica, mejor permitan garantizar la movilidad sostenible y los servicios de transporte.

Además, Confebús considera que “se ha de exigir a los municipios de más de 50.000 habitantes que lleven a cabo todas sus medidas de mitigación climática de forma coordinada con todas las administraciones públicas y consensuada con los agentes sociales, realizando previamente informes de impacto económico, social y medioambiental, estableciendo calendarios de actuación que sean realistas y asumibles, y proporcionando información anticipada y completa sobre dichas medidas y su impacto”.

Del mismo modo, se debe considerar la mejora de las infraestructuras dedicadas al transporte público entre las medidas de mitigación que los municipios de más de 50.000 habitantes han de llevar cabo para así posibilitar la implantación de carriles bus, plataformas reservadas, medidas de priorización de la circulación y reformas viarias para reducir las externalidades del tráfico y mejorar la calidad del servicio público y colectivo, que también pueden abarcar el desarrollo de planes de modernización y rediseño de intercambiadores y estaciones de autobuses para facilitar transbordos y movilidad sostenible en las conexiones de última milla en dichos núcleos.

Finalmente, la confederación urge que la nueva ley contemple la realización de reformas fiscales que redunden en la sostenibilidad y posibiliten un mayor y mejor uso del transporte público, tales como un impuesto al carbono deducible para las empresas de transporte de viajeros, la deducción del abono de transporte público en el IRPF o peajes urbanos a la congestión cuya recaudación se destine exclusivamente a la financiación y mejora del transporte público.