La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible) y la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) han firmado un manifiesto en el que reclaman al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) una batería de medidas urgentes para aliviar la situación económica que vive el sector ante la crisis del coronavirus.

“La drástica caída de la demanda del transporte público alcanza cotas del 90% en las semanas del confinamiento al que obliga el Real Decreto del Estado de Alarma, cifras insostenibles en el medio plazo”, subraya un comunicado. Este impacto se produce en un momento en el que a los costes fijos hay que sumar la inversión adicional que impone la gestión de la crisis para preservar la salud tanto de trabajadores como de usuarios. Algunas de estas medidas se traducen en una inversión extra para preservar el distanciamiento social en infraestructuras y vehículos o la desinfección y limpieza extra de los vehículos de forma diaria.

De ahí que tanto Atuc como Confebús reclaman de forma urgente la adopción de medidas excepcionales que eviten el colapso del sistema y la pérdida del 10% del PIB, además de salvaguardar centenares de miles de empleos directos e indirectos (operadores de transporte público, operadores privados, subcontratistas, nuevos proveedores de movilidad, industria) que dependen del sector.

Ambas organizaciones recuerdan la necesidad que tiene el sector de cumplir con los servicios mínimos de transporte y, al mismo tiempo, garantizar que no existan contagios entre los usuarios y trabajadores. Por ello, “hemos solicitado al Gobierno una serie de medidas urgentes que permitan garantizar los servicios esenciales y ayudar al mantenimiento y supervivencia del sector en su conjunto para facilitar su recuperación” tras la crisis sanitaria, afirman en una nota.

Entre las medidas solicitadas figura el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social y pagos de IRPF para todas las empresas de hasta seis meses sin intereses, debiendo hacerse frente a dichos pagos en un plazo máximo de 24 meses. Además, piden la transferencia urgente a los ayuntamientos por un importe similar al que el Ministerio de Hacienda realiza todos los años como subvención para el mantenimiento del transporte urbano. Las dos asociaciones consideran que la cantidad deseable sería la de una anualidad, pero entienden las restricciones económicas y solicitan al menos una parte.

Asimismo, Atuc y Confebús proponen el establecimiento directo de una línea de financiación que dote de liquidez a todas las empresas, mediante préstamos sin interés, para afrontar las necesidades del servicio público. “En el caso de contratos de servicio público que se gestionan a riesgo y ventura, fundamentalmente en el ámbito interurbano, solicitamos la modificación temporal del régimen económico para que el coste de prestación de los servicios sea asumido y compensado por las autoridades competentes, como medida extraordinaria hasta que se restablezca la movilidad”, añaden.

Para las organizaciones, estas medidas contribuirían a mantener el servicio mínimo de transporte público, tan necesario para la población española en estos momentos tan difíciles y excepcionales, y los miles de puestos de trabajo que dependen de este sector.