Revista
Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, que fueron aprobados por mayoría en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de diciembre, recogen una partida de 51 millones de euros destinados a subvencionar el servicio de transporte colectivo urbano prestado por las entidades locales, cualquiera que sea su forma de gestión.
Los ayuntamientos que podrán participar en su distribución deben disponer de un Plan de Movilidad Sostenible, según lo establecido en la Ley de Economía Sostenible. Están excluidos los ámbitos territoriales de las Islas Canarias, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATM), que disfrutan de un sistema de financiación alternativo.
La dotación presupuestaria se distribuirá de acuerdo a diferentes criterios, entre los que se menciona un 5% en función de los kilómetros de la red, otro 5% dependiendo del número de habitantes y otro 5% más de acuerdo a criterios medioambientales. El 85% restante se otorgará en función del déficit medio por título de transporte emitido.
Además, la normativa obliga a que las subvenciones se destinen a financiar la prestación del servicio y a que las entidades locales presenten la documentación que justifique su participación. Por otro lado, se señala también que las ayudas que correspondan a los ayuntamientos del País Vasco y Navarra se corregirán en la misma proporción aplicable a su participación en los tributos del Estado.
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