Ante la inminente aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible) ha pedido al Estado una mayor implicación a la hora de articular políticas relacionadas con la movilidad sostenible, pues actualmente apenas subvenciona el 7% de lo que cuesta cada año el sistema.

En este sentido, el coste se ha mantenido prácticamente intacto en los últimos siete años, cuando las subvenciones de Hacienda se recortaron un 27% en plena crisis, lo que está limitando el desarrollo del transporte público en un contexto de lucha contra el cambio climático y la contaminación en las ciudades, buscando reducir los coches en circulación con el cierre al tráfico privado de los centros urbanos de casi 150 ciudades y fomentar el transporte público como alternativa sostenible para moverse.

En total, la Administración central, a través del Ministerio de Hacienda, inyecta anualmente 51 millones de euros a más de 90 municipios, cuando los costes ascienden hasta los 5.000 millones. Estos fondos se completan con los cerca de 295 millones que reciben las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y este año también Valencia, y que se financian mediante los llamados contratos programa con cargo a los PGE, al ser su transporte público más complejo y contar con varios modos (autobús, metro y tranvía) que precisan de mecanismos particulares de financiación que encarecen el coste del sistema.

Para Atuc es fundamental una mayor implicación del Estado, que debería como mínimo llegar al 15% de la financiación del sistema para contribuir realmente al desarrollo del transporte público urbano y metropolitano. De esta forma, el esfuerzo de todas las partes implicadas sería mucho más equitativo y como tal debería quedar reflejado en una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito nacional, de la que España es el único país de Europa que carece actualmente.

De tener España un marco legal para la financiación del transporte público, la norma permitiría establecer criterios diferentes y más justos a la hora de repartir las subvenciones a los ayuntamientos. En la actualidad, el reparto que hace Hacienda se establece de media en un 85% en función del déficit por billete, aportando más en aquellos casos en que los ingresos por billetes cubren menos costes y dejando a un lado factores tan importantes como la eficiencia.