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Confebús considera que la revisión de los precios de algunos contratos públicos prevista en el Real Decreto-Ley 3/2002, de 1 de marzo, puede ampliarse a los servicios públicos esenciales como el de transporte de viajeros, que “han sufrido exactamente igual los perjuicios de un alza extraordinaria en los costes del combustible”. Para la patronal, la Exposición de Motivos de dicha norma justifica la medida ante un aumento considerable en los precios de las materias primas básicas para el desarrollo de la actividad prevista.
Además, las empresas concesionarias que “han llevado a cabo la sustitución de los combustibles tradicionales por otros alternativos, para satisfacer de este modo las exigencias del interés público en materia de descarbonización y la movilidad sostenible, han efectuado a su costa las inversiones necesarias de adecuación a las tecnologías menos contaminantes y ahora se ven penalizados soportando un alza de precios -absolutamente extraordinaria- debida a circunstancias imprevisibles, directamente relacionadas con esa mejora”.
Por ello, Confebús estima que la situación es “discriminatoria”, por lo que reclama que la legislación se extienda a los servicios públicos de transporte, así como solicita la revisión excepcional de los contratos existentes “para llevar ante los tribunales, si fuera necesario, este tratamiento desigual y discriminatorio”.
El presidente de la confederación, Rafael Barbadillo, ha declarado que “además del impacto que han sufrido las empresas del sector durante la pandemia, siendo las restricciones de movilidad la herramienta fundamental para luchar contra el Covid-19, ahora termina de asfixiarnos esta subida desproporcionada de los combustibles, por lo que la revisión de los precios de las concesiones de ámbito nacional y autonómico es imprescindible para garantizar la continuidad de una industria que es garante de la movilidad sostenible y un servicio esencial”.
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