El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas de apoyo al transporte de viajeros por carretera, entre las que destaca la moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras como consecuencia de la emergencia sanitaria. La medida permite un aplazamiento de hasta 250 millones de euros.

Además, se restablece el equilibrio económico de los contratos de gestión de líneas regulares de competencia estatal con el fin de aliviar la necesidad de liquidez del operador para que puedan seguir prestando un servicio público esencial y, por tanto, garantizar una red de transporte capilar que facilita la movilidad de un importante número de ciudadanos.

Otra de las medidas adoptadas es la prórroga por tres meses de la validez de los certificados de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cuya fecha de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020, plazo que se contará desde la fecha de vencimiento del certificado. Mientras esté vigente esta prórroga, las empresas de transporte público titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso por la inspección técnica periódica en las estaciones ITV.

En Confebús han reconocido el esfuerzo realizado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y le insta a seguir trabajando a favor del autobús. La patronal considera que las medidas adoptadas “ayudarán a la supervivencia de un sector que se ha visto gravemente castigado por la drástica reducción de la demanda durante el Estado de Alarma, de entre el 90% y el 100% en el caso de las empresas dedicadas al transporte turístico y escolar, y cuya recuperación no se prevé hasta enero de 2022”.

Sin embargo, Confebús afirma que “el impacto de la grave crisis económica en las empresas de transporte en autobús hace imprescindible la extensión de los ERTE por causa de fuerza mayor, al menos hasta final de año. De lo contrario, podría suponer la destrucción de más de 30.000 empleos y la desaparición de más de 1.000 empresas del sector”. Además, “con una tímida reactivación de la actividad, las previsiones económicas para lo que resta de año distan mucho de ser optimistas”, añade.

Por último, la confederación recuerda que, aunque ya ha sido anunciado, todavía queda pendiente “la concreción del fondo para compensar los déficits ocasionados por el Estado de Alarma en el transporte urbano”, en el que actualmente están trabajando la FEMP y el Ministerio de Hacienda.