La Fundación Corell defiende la creación de un Consejo Interterritorial formado por todas las administraciones.
La Fundación Corell ha propuesto que la futura Ley de Movilidad Sostenible y de Financiación del Transporte promueva un nuevo modelo de gobernanza basado en la responsabilidad compartida del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Para ello, defiende la creación de un Consejo Interterritorial formado por todas las administraciones.
Asimismo, la institución plantea el fomento de una movilidad colectiva que debe estar planificada de forma conjunta y gestionada mediante el concepto de conurbaciones de más de 100.000 habitantes en lugar del de ciudades. Según su propuesta, la titularidad del servicio de transporte público en esas conurbaciones debería pasar a manos de las llamadas Entidades Titulares del Servicio (ETS), unas entidades jurídicas independientes con capacidad y medios para gestionar toda la movilidad.
Para su presidente, Miguel Ángel Ochoa, uno de los objetivos es conseguir una movilidad colectiva integrada en “plataformas multioperador con tarjetas multimodales”.
Además, la Fundación Corell considera que la nueva normativa debe dar una seguridad jurídica, contratos seguros y garantizar una estabilidad financiera adecuada al sector a largo plazo. Supone una regulación, gestión y planificación integral de todo el transporte. Con ello, se asegurará poder definir una planificación de las inversiones y una adaptación a las necesidades actuales de movilidad.
