El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la rebaja de un 50% del coste de los abonos de transporte estatales, y del 30% en los autonómicos y municipales, que se aplicará a partir del próximo mes de septiembre. La medida está incluida en el decreto anticrisis que contempla un segundo paquete de ayudas para combatir las consecuencias de la guerra de Ucrania en la economía de las familias españolas.

Según ha explicado Sánchez, “un bono mensual de Cercanías vale unos 29 euros en Madrid y ahora pasa a 14. En Cataluña, pasará de los 25,5 euros actuales a 17,7”, lo que estará financiado íntegramente por las arcas estatales. La medida afectará tanto a las líneas regulares de autobús dependientes del Mitma como al servicio ferroviario de Renfe (Cercanías, Media Distancia y Avant). Por su parte, la reducción del 30% se aplicará al autobús y al metro en todos los servicios disponibles en el país. Eso sí, el 30% podría completarse hasta el 50% si la comunidad autónoma o las arcas municipales lo complementan con fondos propios. “Queremos fomentar el uso del transporte público”, ha afirmado.

Para financiar la medida se destinarán 221 millones de euros, que se financiarán mediante un crédito extraordinario, según han informado fuentes del Mitma. Sin embargo, se mantiene la reducción del 20% en el precio del combustible, a pesar de que se había especulado con la posibilidad de duplicar esa cuantía.

Además, las ayudas aprobadas son compatibles y acumulables con cualquier otra subvención o ayuda que pueda estarse concediendo a los usuarios del transporte con la finalidad de reducir el precio final de abono de los billetes multiviaje expedidos por los prestadores del servicio.

En total, las medidas del decreto anticrisis, que todavía debe aprobrase en el Congreso de Diputados, suman un esfuerzo económico de 9.000 millones de euros. Entre ellas, se ha anunciado un cheque de 200 euros para los trabajadores, autónomos y parados con bajos ingresos, una subida del 15% de las pensiones no contributivas y de invalidez y una bajada del IVA de la electricidad del 10% al 5%. Además, el Gobierno está trabajando en un nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas que se pondría en marcha a partir de 2023, pero con efectos retroactivos.