La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Mitma va a lanzar la segunda convocatoria de las ayudas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y transformación del transporte para municipios, en las próximas semanas, que supondrán 500 millones de euros más para completar el total de 1.500 millones para convertir las ciudades en espacios más sanos, seguros y amables con políticas de movilidad.

La titular del Mitma ha participado en el Foro de la Movilidad, organizado por El Periódico de Catalunya, donde ha explicado la importancia que el Ministerio otorga a las políticas en materia de movilidad sostenible y de Agenda Urbana, dado que transporte y movilidad son espacios de acción prioritarios para descarbonizar la sociedad.

Sánchez aprovechó su intervención para poner en valor la nueva Ley de Movilidad Sostenible, como herramienta para dar respuesta los retos de la movilidad y del transporte del siglo XXI, y que supone un cambio radical de enfoque dado que reconoce por primera vez la movilidad como un derecho del ciudadano. Además, con esta ley se pretende reducir ineficiencias en el gasto en inversiones públicas, incrementar la productividad de las empresas hasta un 3,3% en un período de 10 años y, dentro del respeto al marco competencial, tendrá efectos positivos para la unidad de mercado, la competitividad y la competencia.

La Ley de Movilidad es un hito imprescindible para el PRTR y en poco tiempo empezará su recorrido parlamentario, ha apuntado la responsable del Departamento. Además, la ministra ha hecho hincapié en que Mitma ha movilizado ya el 60% de los fondos europeos de recuperación que tiene encomendados, un trabajo reconocido por la propia Comisión Europea.

Finalmente, Sánchez ha calificado al transporte público como una de las opciones más convenientes para alcanzar una movilidad segura. Para ello, no sólo basta buenas infraestructuras sino también una apuesta decidida por cadenciar horarios de trenes y autobuses, estaciones intermodales, o el desarrollo de plataformas digitales.

También diseñar un sistema tarifario justo y viable y, en este sentido, la Ley de Movilidad contempla un capítulo para ordenar la financiación del transporte público urbano de forma equitativa y sostenible en todo el territorio.