En estos dos últimos años han desaparecido más de 280 empresas de transporte en autobús, lo que supone casi un 10%, y las que sobreviven, menos de 3.000 (2.857), acumulan una gran cantidad de deuda, según muestran los últimos datos del registro del Mitma. Esto supone un importante lastre para la recuperación y pone de manifiesto que aún queda mucho por hacer para reparar los graves daños sufridos por el sector de transporte de viajeros por carretera.

Por ello, Confebús recuerda que ya ha trasladado a la Administración la necesidad de que se habiliten nuevas líneas de ayudas para paliar los graves efectos de la pandemia, como la creación de un nuevo fondo cifrado en 1.100 millones de euros específico y finalista para las empresas de transporte de viajeros por carretera, especialmente para los servicios discrecionales, que son los que menos apoyo han tenido de las Administraciones.

En cuanto a la desorbitada subida del precio del carburante, que se inició el año pasado y que se ha acentuado con la invasión de Ucrania, y a las medidas puestas en marcha por el Gobierno, se ha reclamado que se incremente el descuento de 20 céntimos por litro a 40 céntimos, ya que el combustible sigue incrementándose y el mercado ya los ha absorbido. Además, resulta necesario que el gas tenga un tratamiento diferenciado, así como que se repita la ayuda directa por vehículo para cada trimestre, incluyendo a los vehículos que realizan transporte urbano.

Respecto a los descuentos aprobados para los títulos multiviaje y abonos transporte, la patronal la considera una medida muy positiva que incentivará el uso del transporte público. Sin embargo, estima que las cantidades presupuestadas para la financiación de estas medidas son insuficientes, alertando de que en ningún caso deben ser los operadores de transporte quienes financien estos descuentos.

Por otro lado, la subida desproporcionada del precio del combustible también está poniendo de manifiesto que es imprescindible un reequilibrio de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte, así como de todos los contratos de transporte escolar, para poder mantener la continuidad de una industria que es garante de la movilidad sostenible y de un servicio público esencial.