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La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) considera que la revisión de los precios de algunos contratos públicos prevista en el Real Decreto-Ley 3/2002 es válida para “todos los contratos públicos, y no sólo para los de obras y, en concreto, debería aplicarse para los servicios públicos esenciales del transporte de viajeros por carretera, como el transporte escolar”.
La justificación de la medida, que prevé un aumento considerable en los precios de las materias primas básicas para el desarrollo de la actividad prevista, resulta plenamente trasladable a los contratos de transporte escolar, que “han sufrido exactamente igual los perjuicios de un alza extraordinaria en los costes del combustible, indispensable para la prestación del servicio público que tienen encomendado”, afirma la patronal.
Para la confederación, los operadores del servicio “podrían solicitar de la Administración correspondiente una modificación de las tarifas, para adecuarlas al nuevo coste del combustible, siempre que se den dos requisitos: que exista un motivo de interés público y que la necesidad de modificarlas se derive de circunstancias sobrevenidas que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato”.
Además, desde Confebús subrayan que “por un lado, el requisito del interés público, consistente en garantizar la continuidad del servicio prestado en esas condiciones de sostenibilidad, se cumple. En cuanto a las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, es evidente que el alza desmesurada de los precios de la energía no se había producido cuando se licitaron los contratos de concesión, y además era imprevisible en aquel momento”.
En este sentido, su presidente, Rafael Barbadillo, ha declarado que “además del impacto que han sufrido las empresas del sector durante la pandemia, siendo las restricciones de movilidad la herramienta fundamental para luchar contra el Covid-19, ahora termina de asfixiarnos esta subida desproporcionada de los combustibles, por lo que la revisión de los precios es imprescindible para garantizar la continuidad de una industria que es garante de la movilidad sostenible y un servicio esencial”.
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