“La Ley de Movilidad Sostenible es una oportunidad para impulsar el transporte en autobús como servicio público esencial”. Así reza una de las conclusiones de la jornada titulada 'El autobús como elemento clave de la movilidad sostenible: beneficios y oportunidades' que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados organizada por la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús).

En la jornada, que ha girado sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible cuyo trámite parlamentario acaba de iniciarse, se ha concluido también que “el autobús garantiza el derecho a la movilidad de las personas” y que “la colaboración público-privada en movilidad, precisa de un marco jurídico que garantice la sostenibilidad social y medioambiental, pero también económica”.

En la inauguración, el presidente de la patronal, Rafael Barbadillo, destacó la importancia del proyecto de ley que se está tramitando en la cámara baja como garantía de la movilidad de todas las personas, independientemente del territorio en el que vivan.

La primera de las cuatro meses redondas estuvo dedicada a la colaboración público-privada, donde la directora general de Transporte por Carretera del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Roser Obrer, afirmó que el modelo de colaboración con el que cuenta nuestro país garantiza que se preste un servicio de calidad y que permite el acceso a una movilidad adecuada en todos los territorios. En su opinión, se debe tener en cuenta las peculiaridades de cada territorio, “con la firme voluntad de crear una nueva red de transporte de viajeros por carretera consensuada”.

Para el profesor Óscar Martínez, gracias a nuestro sistema de colaboración público-privada, se pueden atender mercados que no son comercialmente atractivos, “que son la mayoría en España”, así como objetivos sociales que de otra forma el mercado no atendería. Por su parte, el director de Confebús, Jaime Rodríguez, considera que hay algunos aspectos mejorables en el proyecto de ley, como los que se refieren a la financiación, que debería abarcar todo el sistema de transporte público, o la adaptación del mapa concesional y del sistema de licitación a la nueva realidad de la movilidad.

En la segunda mesa se analizó la situación de las distintas comunidades autónomas, donde Laura Paredes, directora general de Transportes de la Junta de Castilla y León, explicó que la mayor parte de las rutas de su región son deficitarias, y es “ahí donde debemos aportar la financiación necesaria”, y pidió al Gobierno que en el proceso de elaboración de la ley sea capaz de sentarse con todos para atender las peculiaridades del medio rural y de los distintos territorios.

Por su parte, el director general de Transportes y Movilidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, apuntó que el camino a seguir es que el propio Ministerio asuma la financiación en algunas líneas en el medio rural, que corren peligro por su falta de rentabilidad, destacando que “no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y debe existir igualdad tarifaria, pero también igualdad en servicios”.

La siguiente mesa, que abordó los beneficios para los usuarios y la calidad del empleo, comenzó con la intervención del secretario general del Sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Francisco Vegas, que alertó de los riesgos de “liberalizar” determinados corredores que puede poner en verdadero riesgo las líneas deficitarias y establecer diferencias entre ciudadanos en el acceso al derecho al transporte público.

A su vez, el secretario sectorial Federal de la FeSMC-UGT, Diego Buenestado, afirmó que desde UGT están a favor del sistema concesional porque es un sistema garantista que permite el acceso al transporte de todos los ciudadanos: “estamos en contra de la liberalización. Creemos fundamental la intervención de la Administración en un servicio público y esencial como es el transporte de viajeros”.

Para finalizar, la última mesa redonda analizó la perspectiva de los distintos grupos políticos en torno al nuevo proyecto de ley, en la que participaron representantes de Junts per Catalunya, Sumar, Vox y el grupo parlamentario socialista.

Como cierre de la jornada, Rafael Barbadillo valoró positivamente la intención del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que se espera que establezca un marco jurídico adaptado a conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la movilidad, impulsando al transporte público en autobús como agente clave contra la contaminación, por su probado valor y eficacia medioambiental.

Por último, la clausura oficial corrió a cargo de Marta Serrano, secretaria general de Transporte Terrestre, que subrayó que desde el Ministerio tienen la idea clara “de que la Ley de Movilidad Sostenible es una oportunidad para garantizar el acceso universal a esa movilidad sostenible, que además va a permitir tener un sistema para garantizar una financiación más justa”.

Sobre los nuevos mapas concesionales, Serrano recalcó la firme voluntad de su departamento de desarrollarlo en colaboración con las comunidades autónomas, apostando por que el resultado final que sea que los ciudadanos no tengan que distinguir si una línea la gestiona el Ministerio o una comunidad autónoma, “no pueden percibir que son distintas administraciones, quieren coordinación y que el servicio público satisfaga sus necesidades”, concluyó.