La patronal Confebús ha presentado el informe titulado “Hacia un modelo sostenible de colaboración público-privada en la movilidad de las personas”, en el que plantea un conjunto de propuestas y buenas prácticas para mejorar los procesos de licitación. El documento ha sido elaborado con la colaboración de la firma de servicios legales Eversheds Sutherland y la firma de servicios profesionales KPMG.

El trabajo tiene el objetivo de actualizar el sistema de contratación pública y adaptarlo a las necesidades del mercado, garantizando así el derecho social a la movilidad imprescindible para la calidad de vida de las personas. En la presentación, se puso de manifiesto que la colaboración público-privada en la movilidad es una herramienta estratégica para las administraciones públicas a la hora de abordar los retos de la movilidad y los cambios sociales, medioambientales, tecnológicos y de innovación, apoyándose en la acreditada experiencia de los operadores de transporte en autobús para gestionar todo tipo de contratos con la máxima eficiencia y calidad.

El informe identifica tres bloques en los que proponen mejoras en todas las fases de los procesos de licitación pública (antes, durante y después) para todo tipo de contratos de transporte en autobús: regulares urbanos e interurbanos, servicios especiales, como el transporte escolar, y de titularidad de todas las administraciones a nivel local, regional y estatal. 

Para la elaboración del informe se han analizado pliegos de contratación y se han identificado buenas prácticas utilizadas por las administraciones públicas, presentadas junto con la base jurídica que permite su inclusión de acuerdo con la legislación vigente.

A partir de dichos ejemplos y prácticas realizadas por alguna administración pública, se han identificado 20 recomendaciones que van desde mejorar el conocimiento del mercado, trabajar con una previsión realista de demanda e ingresos, la correcta conceptualización de los estudios de viabilidad económica financiera, el ajuste de los criterios de valoración y adjudicación de ofertas o la revisión de las condiciones contractuales, entre otras propuestas.

Así, el primer bloque se centra en propuestas de actuaciones previas a la licitación (pliegos tipo, observatorios de costes, modelo contractual, procesos de escucha activa…), mientras que el segundo se refiere a propuestas sobre cláusulas a incorporar a los pliegos durante la licitación (en materia de previsión realista de la demanda e ingresos, al respecto de la viabilidad económico-financiera del servicio, en cuanto a condiciones contractuales del pliego o sobre criterios de valoración o selección de las ofertas) y el tercer bloque incluye propuestas de actuaciones tras la adjudicación del contrato (auditorías de cumplimiento, sistemas de incentivos o penalizaciones).

Para el presidente de Confebús, Rafael Barbadillo, “la colaboración público-privada precisa de un marco jurídico seguro y estable que facilite el desarrollo del modelo de contratación pública de la movilidad de las personas, con unos pliegos técnicos y administrativos que sean claros y atractivos, que apuesten por la mejor relación calidad-precio y que se cumplan por ambas partes, suprimiendo los obstáculos normativos que constriñen la capacidad de adaptar las tarifas a la evolución real de los costes de las empresas”.