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Alejandro Martos, de la Secretaría General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, ha confirmado que “no va a haber moratoria en la puesta en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) porque está vinculada a la decisión que nos viene impuesta por la Unión Europea”, Así lo ha manifestado durante la jornada titulada 'Las ZBE, la movilidad activa y los retos del transporte público urbano', organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la asociación Atuc Mobilidad Sostenible.
En su intervención, Martos ha contestado al presidente de Atuc, Miguel Ruiz, que previamente había desvelado la petición de la asociación enviada al Ministerio para solicitar una prórroga que evite penalizar a las empresas de transporte público que operan en las ciudades donde hay retrasos en la implantación de dichas ZBE.
En opinión de Ruiz, la moratoria “sería bien recibida” y subrayó que “el transporte público es, en sí mismo, una herramienta clave para la descarbonización urbana. No debe ser castigado, sino todo lo contrario: reforzado”. Además, el presidente de Atuc explicó que “las ZBE no deben verse únicamente como una medida restrictiva, sino como una oportunidad para mejorar la calidad del aire, fomentar hábitos de movilidad más sostenibles y repensar la ciudad”.
En este sentido, el secretario general de Atuc Movilidad Sostenible, Jesús Herrero, destacó que las ZBE “restringen el acceso de los vehículos contaminantes al centro de las ciudades y suponen un cambio en los patrones de movilidad de la ciudadanía”, como ya se ha podido observar en Madrid, donde el uso del autobús ha pasado del 21 al 27% o Londres, con un aumento del 16%. De cara al transporte público, Herrero sostuvo la necesidad de redefinir rutas, aumentar frecuencias, modernizar flotas y priorizar la intermodalidad, así como la importancia de contar con sistemas de pago integrados y una comunicación clara con los usuarios.
Para cerrar la jornada, tuvo lugar una mesa redonda con la participación de los responsables de Movilidad de los Ayuntamientos de Bilbao, Málaga y Sóller (Mallorca), seguida de un animado debate con los asistentes.
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