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La asociación Direbús España asegura en un comunicado que se mantiene firme en su labor de presión sobre el transporte escolar, tanto ante la Administración nacional como ante las autonómicas. Las acciones puestas en marcha abordan la adecuación del Real Decreto 443/2001 sobre los efectos devastadores de la pandemia y “velar por el raciocinio y justicia ante las recientes licitaciones sobre el transporte escolar a nivel de las comunidades autónomas, quienes ostentan la competencia contractual en la materia”, señalan.
Fruto de esta labor, la Comisión de Transporte del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la medida de ampliar la antigüedad de los vehículos de transporte escolar hasta los 18 años en la Península y los 20 en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para los dos próximos cursos escolares 2021-22 y 2022-23. “El proceso tramitador se llevó al Senado, si bien el calendario de sesiones previas al parón estival impidió debatirlo y acordarlo, llevándolo a septiembre”, explican desde Direbús.
Además, la asociación considera que resulta “absolutamente necesario paralizar algunos de los actuales procedimientos autonómicos de contratación que conlleven perjuicios condicionados sobre los interesados quienes presenten ofertas para ejecutar los servicios de transporte escolar para el próximo curso, solicitándose la suspensión provisional hasta la revisión de las condiciones establecidas en los Acuerdos Marco por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública”.
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