La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha celebrado su Asamblea General Anual abordando los principales problemas a los que se enfrenta el sector por la situación derivada de la crisis del coronavirus, así como las medidas propuestas al Gobierno para la recuperación de las empresas de autobuses. El presidente de la patronal, Rafael Barbadillo, ha reconocido la gran labor llevada a cabo “por todos los profesionales del sector, por su esfuerzo y valentía durante el Estado de Alarma para garantizar la movilidad en un momento especialmente delicado”.

“El 2019 fue un buen año para el sector y 2020 se presentaba también con buenas perspectivas, lo que motivó que continuasen o se iniciasen proyectos de inversión, pero en febrero comenzaron a sentirse los primeros efectos de lo que se avecinaba. En marzo de este año, se declaró el Estado de Alarma y provocó la paralización de gran parte del sector. La demanda se desplomó, con caídas del 100 % en las actividades relacionadas con el turismo y educación, y del 90% en los servicios públicos regulares de todo tipo”, subraya la confederación.

Confebús prevé que la crisis será más duradera de lo que inicialmente se esperaba. Por lo tanto, “todas las medidas adoptadas hasta ahora, que inicialmente fueron positivas, ahora resultan insuficientes para mantener la supervivencia de las empresas de transporte, una de las actividades más afectadas por la pandemia, y especialmente necesaria para garantizar la movilidad”, señala.

En la Asamblea se repasaron las principales medidas puestas en marcha, como los ERTE por causa de fuerza mayor, que han sido prorrogados en dos ocasiones. En lo que se refiere a la liquidez, se han adoptado los créditos ICO, “cuyo periodo de carencia y de amortización deben de ser ampliados”, sostienen en Confebús y la moratoria de seis meses para los leasings, rentings y contratos de crédito, para los que se solicita un mínimo de 12 meses, así como la compensación de los contratos de transporte escolar y de transporte de uso general.

Además, hay otra batería de medidas solicitadas y que aún no han sido puestas en marcha, como las exenciones fiscales sobre IVTM, IBI o IAE, elevar de forma transitoria la antigüedad máxima de los vehículos de transporte escolar hasta los 18 años o la campaña de promoción para generar confianza hacia el transporte en autobús como un espacio seguro.

El sector del autobús se encuentra en un momento de gran incertidumbre por la restricción de la movilidad, que “ha sido, es y será la principal medida adoptada por los gobiernos para evitar la propagación del coronavirus. Por ello, “toda la industria de la movilidad está siendo una de las actividades más afectadas por la crisis sanitaria, junto con la actividad turística”, subrayan los responsables de la patronal.

Por otro lado, se está planteando la limitación de aforos en el transporte, como ya ha ocurrido en Aragón y Murcia. Para Confebús, se trata de “una medida que carece de sentido, ya que el nivel de contagios en el transporte público es inferior al 1%, como atestiguan todos los estudios existentes hasta la fecha. El autobús es un espacio seguro y así se ha trasmitido al Gobierno”.

En la confederación afirman, además, que el Gobierno también está barajando un posible incremento del IVA reducido que se aplica a sectores como el autobús. En este sentido, Confebús ha recordado que el autobús es un actor clave para conseguir una movilidad más sostenible, contribuye a la disminución del CO2 y de las partículas NOx y, por tanto, a la reducción de la contaminación, así como a la mejora de la congestión que provoca el tráfico en las ciudades y carreteras.