La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha anunciado que va a recurrir la sanción de 9,1 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a unas 40 empresas del sector de autocares de viajeros de Baleares. El motivo de la multa a la patronal es haber cooperado en un cártel del transporte escolar en Baleares y por haber recomendado y difundido tarifas de las excursiones y traslados de transporte discrecional en las islas.

Sin embargo, la FEBT ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, gesto que imitarán la mayoría de los empresarios del sector, según ha indicado la patronal en una nota de prensa. En ella, mantiene que los transportistas discrepan “profundamente” de la decisión de la CNMC y aseguran que la sanción “parte de un desconocimiento de la realidad y coyuntura insular de las empresas de transporte de Baleares”.

La federación considera que la CNMC no ha probado ni su cooperación ni tampoco el cártel. En particular, la CNMC “no ha tenido en absoluto en cuenta las particularidades del sector del transporte en Baleares, fuertemente marcado por la insularidad”.

“Son estas particularidades, y no un cártel, las que explican que las empresas de transporte, en las licitaciones del transporte escolar en Baleares, sólo encuentren rentabilidad en las rutas de su área y, por lo tanto, se limiten generalmente a realizar ofertas en relación a estas”, han señalado desde la FEBT.

La patronal considera que la resolución “debería haber entendido que sólo aquellas empresas de implantación local cercana a los centros escolares están en posición de prestar el servicio”. “Es así en todos los casos, pero por su obviedad, debe resaltarse el caso de Formentera, isla en la que existe una sola empresa de transporte discrecional, que es lógicamente la única que puede asumir el transporte escolar de manera rentable”, han indicado.

Asimismo, la FEBT recuerda que, a petición expresa de la Conselleria de Educación, ha gestionado con sus empresas la disponibilidad de flota de las mismas, para atender aquellos casos en los que los concursos para acceder al transporte escolar subvencionado han quedado desiertos, “como ha ocurrido, sobre todo, en la zona centro y del levante mallorquín, así como en zonas de alta conflictividad social, como Son Banya en el municipio de Palma”.

Respecto de la segunda de las conductas, la FEBT acusa a la CNMC de haber “desatendido la explicación de que responde a un acuerdo previo entre transportistas y agencias de viajes que data del año 1977”, y que “están obligados a conocer por anticipado cuáles serán las tarifas aplicables cada año para realizar sus correspondientes ofertas al consumidor final y a pesar de ello nunca se han aplicado las tarifas por parte de las empresas”.