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La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha vuelto a reclamar que no se aplique el aumento del impuesto sobre el gasóleo para el transporte profesional y, en especial, para el transporte público de viajeros por carretera. Esta petición responde a la medida que el Gobierno de España recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que eliminaría las bonificaciones fiscales del gasóleo profesional, lo que provocaría un fuerte incremento del precio del transporte público, penalizando también a los miles de usuarios diarios que verían incrementado el precio del servicio.
La patronal es consciente de la necesidad de disminuir los costes ambientales derivados del uso del transporte, así como la importancia de moderar las emisiones de gases de efecto invernadero y poder cumplir los compromisos europeos en materia medioambiental. Sin embargo, de adoptarse una medida como esta sería contraproducente, pues penalizaría a un modo de transporte, el autobús, que, precisamente, ya hace una importante aportación al desarrollo de una movilidad sostenible, con una aportación anual de más de 1.500 millones de euros a las arcas públicas.
Por todo ello, desde Confebús reiteran la necesidad de “mantener el régimen especial del que dispone el transporte profesional en la fiscalidad del gasóleo, que es fundamental para el transporte profesional y lo seguirá siendo aún cuando se lleven a cabo esfuerzos para la progresiva utilización de otros tipos de combustibles, como el gas, la electricidad o el hidrógeno, consideradas menos contaminantes”, señalan.
A esta penalización, se uniría el reciente anuncio por parte del Gobierno sobre las nuevas tasas o gravámenes de tarificación viaria, contradictorio con el debate legislativo sobre la nueva Directiva de la Euroviñeta, donde el Consejo de la Unión Europea es partidario de dejar a la elección de los Estados miembros si la aplican o no a los autobuses, y donde el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, afirmó que España también es partidaria de que los Estados puedan eximir del pago de ciertas tasas a autobuses, autocares y minibuses, teniendo en cuenta su papel estratégico para el equilibrio y la cohesión territorial.
Al respecto, Rafael Barbadillo, presidente de Confebús ha señalado que “la Administración cuenta con todo nuestro apoyo para impulsar entre todos una movilidad sostenible, pero abogamos por otro tipo de medidas que no incrementen la presión fiscal sobre el sector y que nos permita seguir contribuyendo a la movilidad sostenible de una forma competitiva”.
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