La asociación Direbús España ha celebrado la segunda edición del Congreso Nacional de Pymes del Transporte de Viajeros por Carretera, que ha tenido lugar del 15 al 17 de febrero en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. La cita ha sido clausurada por la secretaria general de Transportes del Mitma, María José Rallo, que se desplazó hasta la ciudad cacereña para la ocasión.

Según ha señalado el presidente de la patronal Alfonso Taborda, la convocatoria ha tenido un triple objetivo: fomentar la unidad del sector, ofrecer un contenido empresarial con las claves para conseguir una mayor eficiencia y en clave de lobby, ya que “Direbús no es un proyecto, sino una realidad”, afirmó.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Direbús España y responsable del Congreso, Juan Manuel Sierra, destacó que el Congreso Nacional “es un espejo de Direbús porque ha venido para quedarse” y subrayó que la cita ha contado con más congresistas y firmas patrocinadoras que en la primera edición, celebrada en Granada hace 11 meses. En su opinión, la asociación ha sabido “aglutinar el descontento que existe en el sector”.

El Congreso ha contado con un total de seis mesas redondas, donde se analizaron diversos temas de interés para el sector, incluso con encendidos debates en algunas ocasiones. Además, se pronunciaron varias ponencias, una variada exposición de vehículos y productos, la firma de dos acuerdos comerciales y la celebración de la bautizada como “Noche del Autocar”, donde se hizo entrega de unos reconocimientos a empresarios del sector en el espectacular marco del Castillo de La Arguijuela de Abajo.

Uno de los momentos destacados fue la clausura del evento, que contó con la participación de la responsable del Mitma María José Rallo, que aprovechó la oportunidad para desvelar que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible “apuesta por el sistema concesional, pero abre una ventana de oportunidad para la liberalización de alguna parte concreta del mercado”, además de dar soporte al transporte a la demanda.

Asimismo, Rallo avanzó que la norma incluye varias obligaciones para las empresas de transporte, como la de verificar su huella de carbono, la gestión energética y la digitalización de ciertos procesos. Para hacer frente a todo ello, el Mitma tiene previsto poner en marcha una serie de ayudas al sector que contemplan 400 millones de euros para la renovación de flotas y el achatarramiento de 2.700 autobuses, además de subvenciones a la formación para la capacitación digital y ayudas para la digitalización de la gestión de los operadores, que serán competencia de las comunidades autónomas y cuyas convocatorias saldrán previsiblemente antes del mes de mayo.